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domingo, 5 de junio de 2016

Bulnes (CHILE), domingo 5 de junio de 2016

SURGEN LAS PRIMERAS CRÍTICAS A LA SELECCIÓN DE  PROFESORES ELEGIDOS PARA VIAJAR A CUBA


Ya estarían designados los 40 profesores de Bulnes que viajaran a Cuba en un programa de votantía, a conocer la realidad educacional de ese país para posteriormente aplicarla en la comuna.
Junto con ello llegaron las primeras críticas, ya que la selección la habría hecho una profesional venida de Quillón que no conoce la realidad de la educación en Bulnes ni aplica criterios pedagógicos, saltándose a la comisión evaluadora, lo que de ser cierto, dejaría fuera de base el concurso y en condiciones de declararlo nulo, ya que los profesores debían postular presentando un proyecto.
Según las bases dadas a conocer por el vecinal, la comisión evaluadora la debía integrar un concejal, entre otros profesionales, pero consultados los concejales de la comisión de educación Manuel Moncada Marchant y Carlos Fuentealba, manifestaron que no la integraron y el otro concejal que también la integra Julio García, manifestó que se presentó pero de inmediato se retiró porque no podía estar compartiendo una comisión donde había una funcionaria del Daem que se encuentra sumariada por el municipio.
Los alrededor de 40 millones de pesos que se gastarán en esta votantía, los podrían haber utilizado para pagar las imposiciones de los profesores que las declaran y no pagan oportunamente y se habrían evitado los traspasos de dinero del municipio corrigiendo el estado financiero del Daem.

CORREOS AL DIRECTOR

Sr. Director:

En la edición del día de ayer de “El Vecinal” aparece un comunicado de los partidarios de la construcción de una Central Termoeléctrica en nuestra comuna, en el que, a partir de la próxima promulgación de la Ley de Equidad Tarifaria, que permitirá rebajar los actuales costos energéticos de algunas localidades con cargo a un sobreprecio que pagaran principalmente de la Región Metropolitana, se hacen una serie de afirmaciones falsas y carentes de todo fundamento.
En efecto, en dicha ley se incluye también la posibilidad eventual de rebajar, en montos no determinados, el costo de la energía eléctrica de las zonas que tengan que soportar en sus territorios la instalación de Centrales de generación eléctrica, consagrándose así el nefasto principio en materia ambiental que postula que “el que contamina, paga”.
Está absurda lógica de ofrecer “beneficios económicos” a cambio de transformar localidades, comunas o regiones en “zonas de sacrificio”, altamente contaminadas y con una pésima calidad de vida para sus habitantes, necesariamente significará construir un país con ciudadanas y ciudadanos de primera y segunda categoría, cuestión que un país democrático es inaceptable.
Pero, además, los partidarios de la construcción de una Central Termoeléctrica en nuestra comuna maliciosamente omiten las nefastas consecuencias que para la actividad agrícola tendría la aprobación del proyecto “El Campesino”.
¿De verdad los partidarios de la construcción de una Central Termoeléctrica en la comuna de Bulnes no entienden o no quieren entender que si bien en un principio esa la ley efectivamente beneficiará con un menor costo de energía a  las comunas que reciban a las empresas generadoras, este beneficio durará muy poco tiempo, por cuanto para lograr ese beneficio, la ley permite que las empresas cobren más a las comunas que consumen más energía y no tienen centrales y por lo tanto en un plazo de diez años el beneficio será cero para Bulnes, porque evidentemente se instalarán más centrales fuera de nuestra comuna y por lo tanto haremos un muy mal negocio? ¿No conocen los que apoyan a la Central Termoeléctrica el antiguo refrán que dice: “pan para hoy y hambre para siempre”. 
¿De verdad los partidarios de la construcción de una Central Termoeléctrica en la comuna de Bulnes no entienden o no quieren entender la cantidad de empleos directos e indirectos vinculados a la agricultura que se van a perder si se construye la Central?
¿De verdad los partidarios de la construcción de una Central Termoeléctrica en la Comuna de Bulnes no entienden o no quieren entender que no sirve de nada una rebaja en el costo de las cuentas de la luz sino se tiene trabajo? ¿Cómo se paga la luz en una casa en la los trabajadores agrícolas están cesantes?
¿De verdad los partidarios de la construcción de una Central Termoeléctrica en la Comuna de Bulnes no entienden o no quieren entender que las promesas de trabajo para los habitantes de nuestra comuna asociadas a la construcción de la Central Termoeléctrica son absolutamente falsas?
¿De verdad los partidarios de la construcción de una Central Termoeléctrica en la Comuna de Bulnes no entienden o no quieren entender que los dineros que supuestamente van a ingresar al Municipio de Bulnes por pago de la patente –si es que Bibiogenbera S.A. alguna vez los paga: todos sabemos la cantidad de mentiras que la empresa ha contado durante este tiempo- compensan en algo la cantidad de empleos directos e indirectos vinculados a la actividad agrícola de nuestra comuna que se van a perder?
¿De verdad los partidarios de la construcción de una Central Termoeléctrica en la comuna de Bulnes no entienden o no quieren entender el impacto que tendrá en el comercio y en las actividades productivas de la comuna la cesantía masiva que provocará la pérdida de empleos asociados a la agricultura por causa de la contaminación de la Central?
¿De verdad los partidarios de la construcción de una Central Termoeléctrica en la Comuna de Bulnes no entienden o no quieren entender las nefastas consecuencias ambientales que han tenido este tipo de centrales para las localidades y comunas en dónde se han instalado? ¿No lo saben? ¿No lo quieren saber?
Llamamos a los todos sus lectores a meditar sobre estas preguntas y formarse su propia opinión sobre un tema que nos interesa a todos.

Comité Bulnes sin termoeléctrica 

CONDENA UNÁNIME A QUERELLA DE BACHELET CONTRA REVISTA QUE PASA

El analista Max Colodro explicó a El Mostrador que lo hecho por Bachelet es “desproporcionado” y políticamente riesgoso. “La Presidenta el jueves reaccionó bien, desmintió los contenidos, fue razonable, valorado y apoyado por la inmensa mayoría de actores públicos, eso, unido a su declaración voluntaria y la decisión de dar a conocer ese hecho, reforzaba la idea de que estaba en un disposición distinta, pero terminar querellándose es desproporcionado, no lo hace contra los protagonistas de una conversación grabada por Carabineros y que está en el cuaderno de investigación, tampoco contra los filtradores, solo se querella contra el medio de comunicación, el mismo que destapó el caso Caval, por lo que la deja expuesta a dudas de una vendetta”.
El jefe de la bancada de diputados DC, Fuad Chahin, dijo que “yo no me hubiese querellado, porque ahí efectivamente lo que existió fue replicar una escucha telefónica que, según ha señalado el propio fiscal, tiene la impresión y la convicción de que el señor Díaz sabía que lo estaban grabando y que esas declaraciones las hace con el único propósito de intentar involucrar a la Presidenta de la República y no hay ningún antecedente que la involucre. Lo que hace el medio es replicar aquello”.
Su par del PS, Juan Luis Castro, agregó que “las querellas se presentan contra quienes emiten frases injuriosas y calumniosas” y no contra los medios que las reproducen. “La Presidenta está en su derecho, sin embargo, no sé en qué contexto de asesoría se hizo, entiendo que esto fue un momento duro, un revés fuerte en lo personal, un agravio, pero desde el punto de vista del instrumento que se usó y a quienes está dirigido, creo que amerita una reflexión más profunda”, afirmó.
El diputado René Saffirio –recién renunciado a la DC– agregó que “es un error la querella presentada por la Presidenta de la República. Creo que es importante hacer un llamado a la serenidad al Gobierno y que haya un desistimiento de esa querella, porque de alguna forma implica un deterioro para las condiciones en que los medios de comunicación pueden informar libremente de lo que sucede”.
Desde el PPD, el diputado Jorge Tarud planteó que Bachelet debería “reconsiderar” la querella, porque este episodio será mal interpretado por la opinión pública. “Entiendo perfectamente el dolor que debe sentir la Presidenta Bachelet, de que se intente manchar su honor, que es lo máximo que uno tiene en la vida, el honor. Sin embargo, considero que hoy en día sería conveniente, dado que la oposición va a juzgar esta querella como un intento de acallar a la prensa, que la Presidenta debería reconsiderar esta querella, porque en definitiva estas acciones legales nunca terminan en nada”, sentenció.
Ya el martes el senador del MAS, Alejandro Navarro, advirtió que la querella era “una pésima señal, porque desde el Gobierno y el Congreso se acordó no generar acciones en contra de los periodistas y a pocos días eso es lo que se genera. Con esto tenemos ley mordaza sin ley”.
A las voces políticas se han sumado, con las horas, otros actores. El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, quien se encuentra en Chile, advirtió que la querella sí “tiene un efecto inhibitorio” en los medios de comunicación; asimismo, el rector de la UDP, Carlos Peña, afirmó ayer en El Mercurio que “la querella presentada por la Presidenta, desde el punto de vista político ahora, le hará más mal que bien y contribuirá a estropear más todavía su popularidad. La gente sabe espontáneamente que el daño que le ha causado el caso Caval no es culpa de las insidias de la prensa ni de los excesos de los periodistas, ni de una conspiración. ¿Será necesario repetir quiénes son los involucrados en ese caso y la razón de por qué ha terminado salpicando a la Presidenta? La querella aparece como una medida efectista que no le hará bien ni a ella ni al periodismo. La Presidenta debe comprender que su alto cargo, en vez de conferirle inmunidades frente a la opinión pública, le impone servidumbres y confiar en que el juicio de los hechos pondrá las cosas en su lugar, en vez de agitar todo esto ante los tribunales pretendiendo dar lecciones a la prensa”.
Y hasta el Colegio de Periodistas, que generalmente se ha alineado con La Moneda, sacó ayer una nueva declaración pública –votada por la mayoría de su directiva, pero que no fue unánime– en la que precisaron que “si bien reconocemos el derecho de todo ciudadano a ejercer las acciones legales vigentes en nuestra institucionalidad jurídica, consideramos que en este caso en particular es difícil la separación entre la ciudadana Michelle Bachelet y la Presidenta de la República. Por eso, creemos que la decisión adoptada no es el mejor camino, consideramos más adecuado seguir canales éticos para debatir este tipo de materias”.
La periodista de Ciper Chile, Mónica González, calificó como “un gran error” la querella que presentó la Presidenta Michelle Bachelet en contra de revista Qué Pasa por injurias y calumnias, luego de que el semanario publicara unas escuchas telefónicas realizadas por el OS9 a Juan Díaz, en el marco del caso Caval.
“Hoy día tenemos un sistema mucho más transparente, pero igual hay filtraciones. Si los medios publicaran solo cuando hay condenas estaríamos convertidos en una agencia de informaciones empresariales y eso no es democrático ni tampoco un servicio a la comunidad", indicó a Cooperativa.
“Cuando supe de la querella dije ‘¿Quién aconsejó a la Presidenta?’, porque creo que es un gran error, además por el momento en que se hace la querella y es imposible sacar la querella de ese contexto y ese contexto habla de los intentos muy serios de parlamentarios de diversos colores, que de la manito de partidos muy opuestos han intentado agregar a proyectos disposiciones que amordazan a la prensa y que atemorizan a fiscales y jueces", agregó.
Para la periodista en un "contexto en que se intenta asfixiar a la prensa para que no siga publicando los casos de corrupción donde esos parlamentarios están afectados muy gravemente y la ciudadanía lo sabe, la Presidenta hace una querella que no ayuda en nada al clima”.
El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó como "un error jurídico y político" la querella presentada por la Presidenta Michelle Bachelet contra la revista Qué Pasa.
"Que un Jefe de Estado interponga una acción penal no es consistente con estándares internacionales en materia de libertad de expresión", sostuvo el abogado a El Mercurio.
En esa línea, Vivanco aseguró que ante casos de agravio éstos deben recurrir a "acciones civiles, nunca penales. Es un error jurídico y político, y cuando digo político, lo digo porque creo que se le está dando mucha importancia a un tema que habría tenido una importancia menor".
"El gobierno y la Presidenta han sido mal asesorados y los tribunales de Justicia deberían desechar tal acción", declaró el director de HRW.
El ex Presidente Sebastián Piñera salió a repasar a Michelle Bachelet luego de la querella que presentó en contra de periodistas de la revista Qué Pasa, revelando que cuando estuvo en el poder pensó en presentar acciones judiciales contra ciertos medios, pero que desistió por respeto a la libertad de expresión.
"Cuando yo era Presidente se escribían tantas cosas que eran falsas que a veces me daban ganas de ejercer acciones legales, pero se me pasaban, porque siempre privilegiaba la libertad de expresión que es un valor fundamental", explicó en declaraciones que recoge Emol.com.
En ese sentido, agregó que "la libertad de expresión es fundamental. Yo prefiero el ruido de una prensa libre que el silencio de una prensa amordazada". Sin embargo, el ex jefe de Estado llamó a los medios de comunicación a respetar la honra de las personas.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP indicó que "sin dudas esta demanda tiene la intención de amedrentar, por cuanto se busca el encarcelamiento de los periodistas, una acción que nos retrotrae a castigos que en Chile se buscaban contra los periodistas en épocas no democráticas y que han sido descartadas por la jurisprudencia internacional, por ser métodos inhibitorios de la libertad de prensa cuando se trata de funcionarios públicos en temas de interés público".
Paolillo, director de semanario Búsqueda de Montevideo, Uruguay, dijo que "un presidente democrático, en especial en la tradición chilena, siempre podrá encontrar otros métodos, como la solicitud de dar su versión y, eventualmente, rectificar las informaciones que juzgue inexactas o inadecuadas, en lugar de promover demandas penales. De ese modo, se puede mostrar un mayor equilibrio entre el derecho a la información de los ciudadanos y el deber de la prensa de publicar hechos de interés público".