PAVIMENTO QUEREMOS, DIJERON EMPRESARIOS DE LARQUI PONIENTE
Una fructífera pero también importante reunión mantuvieron los empresarios y la Junta de Vecinos de Larqui poniente con el Delegado provincial de Vialidad, a quién expusieron la necesidad de contar con un camino pavimentado.
A la cita organizada por la Presidenta de la Junta de Vecinos Nelly Bustos y el Gerente enólogo de la Viña Casanueva Felipe Pincheira, acudieron representantes de Lácteos San Ignacio, Agrícola Pite, Agrupación cultural y folclórica Valle de Larqui, del club deportivo Larqui poniente, del hotel Casa de adobe y los debutantes empresarios siguientes:
Rodrigo Pizarro de Avícola El Peumo, Cristian Navarrete del Huerto de Avellanos europeos, María Henríquez de cultivos de hortalizas bajo plástico, Sebastián Vásquez de Lechería Queso de Cabras y Miriam Godoy de Fábrica de Charqui Puertas de Larqui. Todos empresarios radicados en Larqui poniente, comuna de Bulnes.
También estuvieron presentes el alcalde de la comuna Ernesto Sánchez, el Delegado provincial de Vialidad Marco Ortíz San Marín, el jefe de conservación de caminos Alejandro Vásquez, el jefe de obras de la municipalidad, la Presidenta de la Junta de Vecinos Nelly Bustos, Felipe Pincheira de Viña Casanueva, los Diputados Jorge Sabag y Loreto Carvajal, funcionarios municipales e invitados especiales.
El único tema que se alcanzó a tratar fue el de la pavimentación de los 7 kilómetros del camino Larqui poniente, ocasión en que Vialidad expuso los mecanismos existentes para postular el proyecto y los plazos que existen para concretarlo, lo que no dejó muy conformes a los asistentes.
La primera medida es realizar un levantamiento del terreno para detectar las falencias y lo que se necesita, lo que tendrá que realizar la empresa global del sector e igualmente reclama el ofrecimiento en reunión anterior de donar dos metros de franja a la orilla norte del camino.
Luego de una largo debate, la Diputada Carvajal propuso la creación de un comité de pavimentación y darse un plazo hasta el 10 de agosto para que la global realice un estudio del terreno con la finalidad de elaborar un proyecto que pueda comprometer recursos del año 2016.
También se acordó realizar una segunda reunión, pero esta vez con la comunidad organizada para que la autoridad tenga la visión completa del problema.
Por lo extenso del tema de la pavimentación del camino, no se pudieron tratar otros puntos agendados como la cultura y el patrimonio del sector.
Todo concluyó con un compartir, ocasión en que los debates continuaron, pero ya en forma personal entre los interesados.
ASOCIACIÓN DEL TERRITORIO LAJA-DIGUILLÍN HIZO ENTREGA DE UN ANTEPROYECTO DE SEGURIDAD DE LA RUTA N-59 AL DIRECTOR REGIONAL DE VIALIDAD
Mejorar las condiciones de los caminos rurales, aumentar
la conectividad entre comunas y por sobre todo, lograr mejoras en la Ruta N-59
que une Chillán con Yungay, y que en su trayecto pasa por las comunas que
integran el Territorio Laja Diguillín, fueron parte del petitorio que realizó
durante la jornada de ayer el alcalde de San Ignacio y presidente del Territorio,
Wilson Olivares; en reunión con el director regional de Vialidad, Carlos
Sepúlveda.
La cita se llevó a cabo en dependencias del departamento
provincial de Vialidad con presencia del director provincial, Marcos Ortiz. En
la oportunidad se revisó la cartera de caminos básicos del Territorio, los
cuales cuentan con financiamiento ya se a través del FNDR o del Mop, por lo
tanto están en la planificación para iniciar las obras.
Seguridad vial en la Ruta N-59
Una de las mayores preocupaciones en materia de
conectividad vial para la Asociación de Municipios del Laja Diguillín, es la
condición de la Ruta N-59 que une Chillán con Yungay, y que debido a la
ocurrencia de accidentes de tránsitos en esta vía, ha sido denominada como la
“Ruta de la Muerte”.
“Existe un proyecto en ejecución, un estudio de
ingeniería que tiene sus plazos, lo llevan a nivel central. Está en su primera
etapa, y la inversión involucrada a ese proyecto es a largo plazo ya que son
estudios de mejoramiento y no caminos básicos”, explicó el Director Regional de
Vialidad.
Mientras se espera el fin del estudio, el gerente del
Territorio, Sebastián Godoy, junto al alcalde Olivares, hicieron entrega a
Vialidad de un anteproyecto de mejoramiento de seguridad vial, infraestructura
cruces viales y accesos a las comunas de la Asociación, que incluyen tanto la
Ruta N-59 como otras rutas de acceso directo a las comunas.
Detalle proyecto mejoramiento de rutas
- Cruce ruta N-59 – N 65, Comuna San Ignacio, no cuenta con elementos de seguridad
necesarios para generar los virajes y detenciones que se requieren. Se solicita
incorporación de señalización, tachas, carpeta frenado, vallas peatonales,
pistas de viraje y/o demarcación para virajes.
- Cruce ruta N-59 – N-77, Comuna El Carmen, no cuenta con
elementos de seguridad necesarios para generar los virajes y detenciones que se
requieren. Se solicita incorporación de señalización, tachas, carpeta frenado,
vallas peatonales, pistas de viraje y/o demarcación para virajes.
- Ruta N-59-Q – Entrada Norte Yungay, sector donde se
ubica el acceso a Yungay desde Chillán, no cuenta con señalización, ni
elementos de reducción de velocidad. La línea que bordea la ciudad de Yungay es
la zona urbana. La zona rojo con amarillo es lo que se requiere intervenir con
elementos de seguridad. Se solicita elementos visuales que alerten respecto al
ingreso a zona urbana. Señalización, carpeta de frenado, etc.
- Ruta N-85 -Ruta 5- General Cruz - Pemuco (Sector San
Pedro). Sector donde se ubica Escuela
San ¨Pedro, no cuenta con seguridad vial. Sector de San Pedro, donde existe
escuela municipal. Se solicita señalización, tachas, carpeta de frenado, vallas
peatonales, y todo aquello que pueda disminuir riesgos de accidente es zonas de
escuela.
- Ruta N-59-Q - Entrada Norte Pemuco. Sector donde se
ubica el acceso a Pemuco desde Chillán, no cuenta con señalización, ni
elementos de reducción de velocidad para ingresar a zonas urbanas. Se solicita
elementos visuales que alerten respecto al ingreso a zona urbana. Señalización,
carpeta de frenado, etc.
- Cruce ruta 148 - N698 -Comuna de Bulnes, se solicita
incorporación de carpeta de frenado, tachas, vallas peatonales en los paraderos
y señalización.
- Cruce ruta N-69 -Ruta 5 -Comuna de Bulnes, se solicita
incorporación de carpeta de frenado, tachas, vallas peatonales en los paraderos
y señalización.
- Cruce ruta N-676 -Rucapequén – Comuna Chillán Viejo, se
solicita incorporación de carpeta de frenado, tachas, Señalización.
- Cruce ruta N-55 - Frente Cementerio, Llegada comuna de
Pinto. No cuenta con elementos de seguridad necesarios para generar los virajes
y detenciones que se requieren. Se solicita tachas, ampliación de bermas,
pistas de viraje, señalización y vallas peatonales de seguridad.
- Cruce ruta N-55 - N 615, Cruce Ciruelito, no cuenta con
elementos de seguridad necesarios para generar los virajes y detenciones que se
requieren. Se solicita incorporar elementos de seguridad desde la ruta N-615
hacia la N-55 (tachas, carpeta frenado, señalización, etc.), y mejorar defensas
camineras ( de la ruta N-55) incorporando otros elementos de seguridad visual.
DECLARACION DE LA UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE ANTE LA PROFUNDA DESIGUALDAD DE TRATO
El país sigue con especial atención la situación que afecta a todo el espectro político en relación a las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público ante las eventuales infracciones que habrían tenido lugar en el financiamiento de campañas electorales. Espera que, como corresponde, las instituciones funcionen y resuelvan conforme a derecho lo ocurrido y sus posibles consecuencias judiciales.
En estos procesos se encuentran investigados algunos integrantes de nuestro partido. Al respecto, queremos reiterar el irrestricto apego de la UDI a las normas de nuestro Estado de Derecho y nuestro respeto al ejercicio de sus atribuciones por parte del Servicio de Impuestos Internos, del Ministerio Público y de los Tribunales. No hacemos defensas corporativas y las responsabilidades judiciales son personales.
Sin embargo, diferentes circunstancias han tenido lugar durante estos procesos que provocan un legítimo y sentido malestar, ya que se advierte en ellas un trato desigual y discriminatorio muy ajeno a la responsabilidad y ecuanimidad con que deben actuar los organismos competentes de procurar justicia. Nos referiremos a los más salientes de ellos para ilustrar esta apreciación.
Hechos anómalos
1.- La evolución de las investigaciones penales a los inculpados ha seguido un camino muy dispar. Mientras respecto de personeros de la oposición los procesos avanzan con mucha rapidez, la investigación de otros del oficialismo se posterga (caso Martelli) sin dificultades.
Así, hoy sólo dirigentes de la Udi y de Rn han sido formalizados y están con medidas cautelares, en tanto los de colectividades políticas de gobierno escasamente han sido llamados a declarar.
2.- La posibilidad de que el Ministerio Público realice investigaciones en delitos tributarios depende del Servicio de Impuestos Internos que, por denuncia o querella, le solicita indagar la situación que podría afectar a un contribuyente por algún delito tributario. Este procedimiento ha sido utilizado en forma arbitraria.
Las denuncias del SII se han reducido hasta ahora sólo respecto de algunas personas, mayoritariamente de nuestro sector político. Sin embargo cuando lo ha hecho en contra de otros personeros ligados al gobierno, tales requerimientos han sido circunscritos convenientemente a situaciones personales puntuales y no de sus sociedades, y a períodos muy acotados y no a uno de varios años, como lo ha hecho con respecto de personas de la centroderecha.
3.- La regla mencionada que entrega al SII la titularidad de la acción penal en delitos tributarios no se ha respetado por el Ministerio Público. Existen personas (F. de Mussy y A. Cardemil) que en estos días han sido formalizados por supuestas figuras penales de naturaleza tributaria, sin que haya existido al respecto una denuncia o querella del SII ni reparo alguno del respectivo Juez de Garantía. Esta anomalía revela intencionalidad y abuso de poder.
4.- El SII ha emitido a fines de junio una circular (n° 10) que establece criterios para determinar cómo y cuándo debe proceder a presentar una acción penal. Tales criterios buscan reducir la discrecionalidad en el ejercicio de estas responsabilidades al imponer nuevas exigencias para proceder y al instalar un comité que asesora al Director del servicio respecto de presentar o no una denuncia o querella.
Todo parece indicar que la aplicación de estos criterios más restrictivos tendrán como efecto la no presentación de futuras denuncias y que, si ellos hubieran estado vigentes con anterioridad, muchos de quienes han sido objeto de estas acciones penales, principalmente de oposición, no habrían estado en la situación en que se encuentran: ni formalizados ni con medidas cautelares. Ello produce un doble estándar en la administración de justicia.
5.- Las medidas cautelares que se han adoptado en diversos casos de formalización revelan también tratos diferentes ante situaciones equivalentes. En una misma audiencia (6 de julio de 2015) a una persona (A. Cardemil) a quien se le imputan tres delitos se le da una cautelar de arraigo nacional con firma quincenal; en tanto que a otra persona con imputaciones similares (J. Novoa) se le decreta arresto domiciliario total.
Se entiende que la justicia es tal cuando establece disposiciones similares ante hechos equivalentes. No es lo que ha ocurrido. Tanto el Ministerio Público como los Tribunales han actuado con criterios distintos ante la misma situación.
6.- Las determinaciones de los fiscales se entienden fundadas, producto de sus investigaciones. No ha sido el caso en la situación que afecta a uno de los imputados (J. Novoa). Así, se establece que habría existido de su parte solicitud de recursos para campañas políticas, pero que “no tenemos certeza de dónde fue a parar el dinero”, lo que quiere decir que un fiscal insinúa que fue al bolsillo del acusado.
Imputar conductas indebidas luego de una investigación es el deber de un fiscal, pero insinuar públicamente posibles situaciones delictuales es contrario al ejercicio de su responsabilidad y sólo contribuye a desprestigiar al afectado por una conjetura de la que no puede defenderse.
7.- El Ministerio Público ha efectuado afirmaciones en una audiencia de formalización (de J. Novoa) que se encuentran reñidas con nuestra institucionalidad. En su alegato destinado a justificar una medida cautelar, señaló que el formalizado, cuando se desempeñaba como senador, habría rechazado un proyecto de ley contra la evasión tributaria, insinuando así que ello servía para demostrar una cierta voluntad evasora de su parte. El Juez de Garantía, al fundamentar su determinación, validó la interpretación que de esa votación hacía el Fiscal.
Esto es inédito. El fundamento de una opinión política, emitida en el ejercicio de sus funciones parlamentarias (por el ex senador J. Novoa), es mañosamente utilizada como sustento de una suerte de desinterés en combatir el no pago de impuestos. Ello es inaceptable. Desde luego porque es falso, desde el momento en que el ex senador Novoa se opuso al proyecto porque, como lo fundamentó al votar: este proyecto “no es el instrumento adecuado para evitar y terminar con la evasión tributaria”, lo cual expresa su voluntad para combatir la evasión, aunque por otra vía de la propuesta.
Pero hay más: el fiscal y el juez podrán pensar políticamente en forma diferente pero ¿de cuándo acá una opinión política vertida por un parlamentario en pleno ejercicio de sus derechos puede ser utilizada como fundamento para la determinación de una medida cautelar?
Ello rompe el orden constitucional y amenaza a los parlamentarios en el libre e inviolable ejercicio de sus derechos y, en especial, de su libertad de expresión. El precedente que se podría instalar de aceptarse esta consideración sólo serviría para acallar y censurar a autoridades legítimas.
Conclusiones
a.- Los hechos que hemos descrito permiten afirmar que existen diferencias muy marcadas en la forma cómo se están llevando las investigaciones por malas prácticas en el financiamiento electoral. Hay más hechos que se podrían agregar que están en pleno desarrollo.
El irrestricto respeto a nuestras autoridades en el desempeño de sus facultades y nuestra decisión de no interferir de modo alguno en el desarrollo de los procesos en investigación que deben proseguir, no pueden significar guardar silencio cuando somos testigos de hechos gravemente anómalos e injustos.
No pedimos nada en concreto respecto de las numerosas investigaciones en curso, ello no corresponde. Nuestra intención es una muy simple: a partir de hechos como los reseñados, queremos llamar la atención de lo que está ocurriendo al Servicio de Impuestos Internos, al Ministerio Público y a los Tribunales de Justicia, confiando en que sabrán revisar esta situación.
No hacerlo y seguir actuando del mismo modo, permitiría afirmar que no existe igualdad de trato y que en Chile las instituciones no funcionan igual para todos.
b.- A la opinión pública le reiteramos nuestro compromiso con nuestros principios de servicio público, a los que jamás renunciaremos.
Las conductas que están siendo investigadas corresponden a malas prácticas que, en honor a esos principios, rechazamos y que no deben aceptarse bajo ningún concepto, sin perjuicio de lo cual deben tener las sanciones que siempre se han aplicado en situaciones similares, sin discriminar por la posición política.
Ratificamos por ello nuestro compromiso para dar la más pronta aprobación a una Agenda de Transparencia y Probidad que se encuentra en marcha, la que busca fijar estándares altos de conducta al mundo político, para así asegurar que tales conductas no se vuelvan a repetir y para garantizar que el dinero nunca interfiera en las decisiones que las autoridades deben adoptar en beneficio del bien de todos y no de algunos pocos. Sólo de esta forma podremos recuperar la confianza de los chilenos.
DIRECTIVA DE LA UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE
